Recetas distintas

Cinco años después de aprobarse el Real Decreto Ley de la reforma laboral de 2002, conocido popularmente como "el decretazo" y que provocó una huelga general en nuestro país, el Tribunal Constitucional por primera vez después de más 25 años y por unanimidad, declara la inconstitucionalidad de la ley al no estimar justificada la urgencia que se alegó desde el gobierno del PP, presidido por José María Aznar.

Entre otras medidas, restringía los supuestos en que un desocupado podría rechazar un empleo, suprimía los salarios de tramitación en los casos de despido, establecía que las indemnizaciones tendrían la condición de renta a la hora de la concesión del subsidio, suprimía de forma paulatina el subsidio de paro agrario, el empresario podría contratar a mayores de 52 años que percibieran el subsidio de paro y pagarles la diferencia hasta el salario del convenio, y muchas más. En definitiva, el tribunal sentenció que no era urgente una reforma laboral sin diálogo social y sin trámite parlamentario. Supuso una desautorización radical y completa a la política social que practicó el PP con mayoría absoluta.

La receta en la que insiste el PP en situaciones de crisis, es la de reducción del gasto público, hacer el despido más barato, bajar los impuestos a los que más tienen y la moderación salarial. Moderación salarial, ¿para quien?. Para los más desfavorecidos. Para los obreros. Para los trabajadores.

Por otro lado, tenemos al PSOE liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, que ante una situación de crisis financiera internacional compleja, se plantea el reforzamiento económico y un aumento del presupuesto en política social. Entre las medidas adoptadas por el Ejecutivo Socialista, se encuentran el aumento del 6% de las pensiones mínimas, el incremento de las becas, el gasto por dependencia, las ayudas para la educación infantil y las leyes de ayuda al nacimiento y la vivienda. Además, todo ello en el marco del diálogo y el acuerdo con los sindicatos, tanto en lo referente al mercado laboral, como a la política activa de empleo y protección por desempleo.

La medida estrella cuya finalidad es evitar que se siga destruyendo empleo, asegurar la actividad económica e impedir consecuencias más graves para la crisis en nuestro país, es la inyección económica de 30.000 millones de euros a las corporaciones locales. Sin mirar ni siglas, ni color.

Esto ha supuesto para el municipio de Telde por el número de habitantes, una inversión estatal de 17.400.000 euros. Es decir, que esta ciudad se va a beneficiar de la ejecución de 40 obras que va a suponer la reactivación de la economía teldense durante el próximo año, gracias al gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

En definitiva, recetas diferentes.